Patricia Benavides: PJ reprograma pedido de prisión preventiva contra sus asesores para el 11 de mayo

El Poder Judicial reprogramó para este sábado 11 de mayo, a las 10.00 a. m., la audiencia de prisión preventiva en contra de Miguel Girao y Abel Hurtado, exasesores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta solicitud fue presentada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) del Ministerio Público y se extiende a otros implicados en el caso de presunta organización criminal liderada por Benavides.

La Fiscalía, también, solicitó que el Poder Judicial ordene la misma medida al abogado José Luis Castillo Alva, a los empresarios Giancarlo Valer Enciso y Mirtha Gonzales Yep, al oficial de la PNP Jorge Rodríguez Menacho y al exfuncionario Jorge Luis Palomino Quesada.

Cabe señalar que los mencionados están siendo investigados por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho pasivo, organización criminal y otros. Ellos habrían participado en la presunta red que habría liderado Benavides Vargas.

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Detenidos en la operación denominada Valkiria II

El pasado martes 23 de abril, la Fiscalía llevó a cabo la operación Valkiria XI, como parte de la investigación que realiza acerca de la supuesta organización criminal que habría estado enquistada en el Ministerio Público. Durante esta intervención, las autoridades detuvieron de forma preliminar a las personas que estarían implicas en delitos de corrupción.

Asimismo, el personal que integra el Eficcop junto a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) allanó 21 viviendas en diferentes partes de Lima Metropolitana. La fiscal superior Marita Barreto estuvo a cargo de esta operación que comenzó en la madrugada del 23 de abril, alrededor de las 03.40 a. m.

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¿Cuál fue el rol que habría cumplido cada uno de los detenidos?

Según la Fiscalía, Miguel Ángel Girao, junto con Jaime Villanueva y Patricia Benavides, presuntamente conspiraron para garantizar el nombramiento de Bersabeth Revilla como fiscal suprema provincial transitoria y su designación en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con el fin de beneficiar a Enma Benavides a través un requerimiento de sobreseimiento.

Girao también, supuestamente, negoció con el congresista José María Balcázar para influir en la fiscal Carmen Miranda, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, para archivar una investigación contra el parlamentario, a cambio de votar en contra de una denuncia constitucional presentada contra la suspendida fiscal de la Nación.

Asimismo, Rodríguez Menacho, Gonzáles Yep y Miguel Girao estarían implicados en el nombramiento de fiscales adjuntos provinciales en el Equipo Especial encargado del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, para favorecer al abogado Castillo Alva, investigado por supuesta participación en una organización criminal.

También, el empresario Valer Enciso estaría relacionado con la manipulación de una licitación pública para equipar los Data Centers principal y de contingencia del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, con un valor superior a los 140.000 millones de soles. Además, Valer Enciso habría informado al asesor de Benavides que tenía contactos dentro del Ministerio Público para otorgar contratos a amigos. Luego de estas propuestas, Girao se habría reunido con Palomino Quesada, gerente central de la Oficina General de Logística del Ministerio Público.

Patricia Benavides podría ser destituida, afirma presidente de la JNJ

Al ser consultado por el caso de la suspendida fiscal de la Nación, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, indicó que la exfiscal suprema tiene dos procesos disciplinarios abiertos. Sin embargo, no podrían tomar una decisión final sobre el tema, debido a que no contarían con el suficiente quórum.

“En el caso de Patricia Benavides (…), en realidad tiene dos procedimientos disciplinarios. Uno que es de conocimiento público, que está vinculado a una medida cautelar que se le conoce como el casoValkiria, que en la vía administrativa tiene su propio procedimiento instructor, pero no podemos sesionar, porque no tenemos el quórum respectivo (…) El instructor no puede votar, específicamente, y tampoco podemos pronunciarnos por la medida cautelar” , manifestó el titular de la JNJ.